Seguramente habrás escuchado hablar de las plataformas de financiación participativa o del crowdfunding inmobiliario y de las posibilidades que te ofrecen. En este post te contamos los detalles sobre la regulación de las PFP.
Desde el inicio de la crisis, que afectó, en gran medida, al sector inmobiliario en España, se han consolidado una serie de formas de financiación, complementarias a la financiación bancaria, para las inversiones inmobiliarias como el crowdfunding. Esto supuso la necesidad de crear una regulación de las PFP específica que diera seguridad al sector y a sus usuarios.
La regulación de las PFP y su definición se encuentra en la Ley de fomento de la financiación empresarial que en su artículo 46. 1 establece la siguiente definición:
Son plataformas de financiación participativa las empresas autorizadas cuya actividad consiste en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, denominados inversores, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa, denominados promotores.
Además de lo anterior, la ley establece la necesidad de que este tipo de entidades obtenga una autorización para ejercer su actividad y se encuentren inscritas en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Por otro lado, las plataformas de financiación participativa deberán incluir las siglas PFP en su denominación.
| En España hay tan solo 30 plataformas de financiación participativa que han sido autorizadas por la CNMV hasta la fecha. La obtención del permiso por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores puede alargarse hasta los dos años. |
Por aplicación de la Ley, los servicios que pueden prestar las PFP son los siguientes:
Servicios principales:
Servicios complementarios:
Otros servicios:
En la Ley también se regulan los requisitos que deben tener los proyectos de financiación participativa que son los siguientes:
Como consecuencia de todo lo anterior, la regulación del crowdfunding inmobiliario en España queda definida en la ley, por lo que aporta una seguridad que se reafirma con el control que realiza la Comisión Nacional del Mercado de Valores a través del registro de las plataformas de financiación participativa.